La Democracia no se sustenta sólo en la Libertad; su basamento principal se halla en la Justicia, si esta no rige
en forma plena, el Pueblo queda desamparado en sus derechos.
En la necesidad de garantizar estos derechos radica la importancia de
una institución como el Consejo Nacional de la Magistratura. Hoy, el CNM tiene
gran responsabilidad en la construcción de una administración de justicia
independiente y creíble para la ciudadanía, es una de las más importantes
innovaciones que trajo consigo la vigente Constitución Política del Perú.
El Consejo Nacional de la Magistratura, Se rige por la Constitución
Política y su propia Ley Orgánica, Ley N° 26397, publicada el 12 de diciembre
de 1994.
Este Organismo, independiente por mandato constitucional, tiene la muy
alta y delicada misión de seleccionar, nombrar y periódicamente ratificar a
jueces y fiscales sólidamente probos, independientes, provistos de
irreductibles valores éticos y morales, idóneos para garantizar la plena
vigencia de los derechos de la persona y el respeto a su dignidad, a través de
una correcta administración de justicia.
También el CNM tiene como función, procesar disciplinariamente, a jueces
y fiscales que, investidos de cualquier jerarquía, incurren en faltas contra
los deberes de función, desmereciendo en el concepto público la imagen de
probidad, idoneidad e imparcialidad que todo buen juez o fiscal deben observar.
La independencia que nuestra Carta Constitucional le confiere a este
organismo, lo dota también de la responsabilidad de elegir y destituir si es el
caso, a quienes ejercen las jefaturas de dos importantes organismos que
concurren en la realización de las elecciones políticas generales y municipales
en el Perú.
Estos son La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el
Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC), de cuyo accionar e
independencia depende en grado sumo, la realización de comicios limpios y
transparentes, garantizando con ello la vigencia plena de un estado
democrático.
El
Consejo Nacional de la Magistratura es entonces un organismo a quien la
Constitución Política le reconoce amplios poderes, hoy restituidos. Por ello es
que el ejercicio exclusivo de sus facultades, la independencia en el
cumplimiento de las mismas y la idoneidad de quienes lo conforman, son y serán
la garantía de la utilización de sus funciones en forma independiente,
imparcial y transparente.
